Con el fin de escapar de conflictos, desastres, hambre y pobreza, millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares.
Redacción, Veracidad News
Con el fin de escapar de conflictos, desastres, hambre y pobreza, millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, pese a los peligros que puedan correr e incluso poner en riesgo su vida.
De acuerdo con registros de las Naciones Unidas, oficialmente son más de 65 millones de personas en todo el mundo las que han huido, la cifra más elevada registrada desde la Segunda Guerra Mundial.
En 2017, más de 170,000 migrantes, llegaron a Europa atravesando el mar Mediterráneo. Cerca de 120,000 lo hicieron a través de la ruta marítima del Mediterráneo central, considerada la más mortífera del mundo. La mayoría de estas personas viaja en botes fletados por traficantes desde Libia, Túnez o Egipto, en busca de llegar a Italia o a otros países más lejanos en busca de protección.
Muchas de las personas migrantes y refugiadas que llegan a Europa se enfrentan, además, a la incertidumbre y otros problemas como la escasez de información básica o el aumento de los riesgos debido al tráfico de personas.
Estas personas tienen el derecho internacionalmente reconocido de buscar asilo y a que sus casos sean procesados sin más requisito que la simple solicitud.
Organizaciones de Derechos Humanos y de apoyo a personas migrantes se han articulado para dirigirse a los gobiernos, así como a los organismos internacionales y al público en general, para enfatizar la responsabilidad del Estado de proteger los derechos de los migrantes y refugiados y proveerles refugio. Entre sus derechos se encuentran:
- Priorizar la atención humanitaria y el respeto de los derechos humanos de todas las personas, protegiendo el interés superior de la niñez y brindando apoyo especial a los más vulnerables.
- Que no se haga uso de la fuerza pública en contra de las personas desplazadas, ni se les prive arbitrariamente de la libertad.
- Que se cumplan las garantías de protección a la vida, la integridad y los derechos humanos de las personas desplazadas, con apego a los estándares internacionales.
- Participación coordinada de los organismos nacionales e internacionales para evaluar las necesidades de protección.
- Que exista una respuesta coordinada de los distintos niveles de gobierno para dar una respuesta humanitaria que garantice el acceso a la atención en salud, protección civil, y seguridad pública.
- Que el Estado informe puntual y oportunamente sobre la situación, las medidas que se están tomando, así como de los procedimientos migratorios y de asilo.
- Que se garantice la seguridad y no criminalización de defensoras y defensores de los derechos humanos que acompañan a las personas desplazadas.
