Desde hace muchos años uno de los requerimientos principales a la hora de solicitar empleo, es la “carta de antecedentes no penales”.
Hace unos días, El Congreso del Estado dio a conocer una iniciativa que propone eliminar el cobro por la expedición de dicho requisito, así como adecuar la normatividad vigente para que su expedición no sea motivo de discriminación laboral.
En la sesión ordinaria número 21, presidida por el diputado Luis Ernesto Mis Balam, el Pleno Legislativo dio lectura a la iniciativa para derogar el inciso c) del artículo 207-T de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo, presentado por la diputada Jenni Juárez Trujillo, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional.
La iniciativa de la legisladora señala que el certificado de antecedentes penales, expedido por la Fiscalía General del Estado, tiene como finalidad el ser un requisito para contrataciones laborales, el cual es solicitado por los sectores público y privado para la contratación de su personal.
De acuerdo con los motivos expresados por Juárez Trujillo en el texto, señala que dicho requisito constituye una incertidumbre jurídica pues la naturaleza del prestador de servicios profesionales es la de incentivar la economía del empleado y no condicionar la expedición de una constancia que genera un gasto para el trabajador, sin que esto asegure su contratación.
“Su expedición debe realizarse como medida de última razón y en estricto apego a las normas previstas en la propia legislación”, señala la iniciativa.
En la misma sesión, se dio entrada a una iniciativa para expedir la Ley para el aprovechamiento integral de alimentos y su donación altruista del Estado de Quintana Roo, presentada por los diputados Alberto Vado Morales, Raymundo King de la Rosa, Elda Candelaria Ayuso Achach, Leslie Hendricks Rubio y José Luis González Mendoza.
Finalmente, se dio entrada a la iniciativa de Ley de Hacienda del Municipio de Isla Mujeres, presentada por el ayuntamiento del citado municipio.
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