Se pretende dar mejores condiciones de vida dentro de las cárceles del país, mediante nuevas alternativas de justicia, además de brindar nuevas opciones que faciliten la reintegración de las personas que han estado internas en un centro penitenciario.
Redacción, Veracidad News
El Congreso aprobó la Ley Nacional de Ejecución Penal, con lo que se pretende dar mejores condiciones de vida dentro de las cárceles del país, mediante nuevas alternativas de justicia, así como de reintegración social.
Este martes el dictamen aceptado por el pleno de la Cámara de Diputados que contempla medidas como la liberación anticipada, el cambio de pena, la libertad condicionada, el arresto domiciliario, el trabajo en beneficio de la comunidad (que sustituya la pena); educación media superior y superior, así como las normas y beneficios con enfoque de género y para procurar el bienestar de las hijas e hijos de mujeres reclusas.
Esta nueva Ley obtuvo 391 votos a favor, 56 en contra y 1 abstención, con esto se establece al Juez de Ejecución para evitar abusos y privilegios a las personas procesadas o enjuiciadas. Los permisos humanitarios de salida, justificados por enfermedad terminal, fallecimiento de los padres, hijos, cónyuge, concubina o concubino, también son considerados. La pena podrá ser examinada, en caso de resultar innecesaria por condiciones de edad avanzada o estado grave de salud de la persona recluida, podrá sustituirse o suspenderse. También esta legislación detalla las obligaciones de las autoridades federales, estatales, judiciales y de los titulares de los centros penitenciarios.
Con esto se favorecen los Derechos Humanos de las personas reclusas o que enfrentan un juicio, consta de 207 artículos divididos en seis títulos y 12 artículos que conforman un régimen transitorio. Este documento ya se entregó al Presidente Enrique Peña Nieto, para la posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación, aunque aún no tiene reglamento.
El objetivo de esta Ley es: “establecer las normas que deben observarse durante la estadía por prisión preventiva, durante la ejecución de las penas y las medidas de seguridad que son impuestas como consecuencia de una resolución judicial”. Esta Ley será vigilada por el gobierno federal y las entidades federativas, destinada a presos del fuero común y federal.
Con este nuevo sistema de justicia penal, se abren otras posibilidades y alternativas para que la privación de la libertad no sea la única opción de reinserción social para personas sentenciadas; se busca incluir el uso de la tecnología con nuevas instituciones que acompañaran estas alternativas, contemplando el uso de dispositivos de arresto domiciliario, terapias, tratamiento psicológico o justicia reparadora con la víctima, también se podrá recurrir al trabajo en favor de la comunidad.
Con el fin de beneficiar a todos, existen reservas para personas que efectuaron crimen organizado, además, los criminales del fuero federal no tienen acceso a caución domiciliaria, también tendrán límites en lo referente a sus visitas, comunicación y traslado.
La autoridad reconoce la necesidades y problemáticas específicas de las mujeres, por lo que en los centros de reclusión se tomarán medidas para atenderlas y resolverlas; las personas indígenas estarán en centros penitenciarios considerando la importancia de pertenencia a su comunidad, también dentro de los centros se tomarán las medidas para conservar sus costumbres y tradiciones, dentro de las limitantes naturales que impone el régimen de privación de la libertad.
En lo que refiere a la Educación se propiciará que exista oferta educativa de nivel medio superior y superior, actividades laborales remuneradas por terceros, que brindaran seguridad social a los internos; los salarios se podrán dar a la familia de los internos, de igual forma existe la opción de que el sueldo se use para la reparación del daño o para el sentenciado una vez que termine con su condena.
También se divide a los presos sentenciados de los que esperan una audiencia.
